La contaminación de Doñana ha afectado especialmente a las aves
Un informe remitido por el Ministerio de Medio Ambiente a la Comisión
Europea indicaba que la empresa "intenta modificar el cauce del río
quitando los meandros que lo acercan a las balsas". Nadie había
dado permiso para desviar un cauce fluvial mediante la supresión
de meandros. En esas fachas, el muro de contención de los lodos
era ya un coladero que dejaba escapar gran cantidad de productos contaminantes.
|
| ARCHIVO
La contaminación de Doñana ha afectado especialmente a las aves |
SEVILLA. - Los ecologistas volvieron a pedir ayer la dimisión
del consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Guillermo Gutiérrez,
tras conocer parcialmente el contenido del informe pericial sobre las causas
del desastre de Aznalcóllar. Por su parte, las autoridades pidieron
calma para no hablar sin conocer el dictamen de primera mano. Gutiérrez
calificó de "irresponsables" a quienes opinan sin haber visto las
conclusiones del informe recibido esta semana por la juez Celia Beljad-Ben
Gómez y filtrado el viernes por uno de los abogados.
El informe será entregado la semana próxima a las partes personadas en el caso.
El portavoz de Ecologistas en Acción, Juan Romero, afirmó ayer que "el principal responsable de lo ocurrido fue Dragados y Construcciones, que hizo el proyecto de la balsa sin hacer el estudio geológico del subsuelo. Pero también es culpable el Instituto Tecnológico y Geominero de España, encargado de realizar los controles". Para el dirigente ecologista, del reparto de responsabilidades no se escapa la Junta de Andalucía, "puesto que en 1996 Industria autorizó el recrecimiento de la balsa y Medio Ambiente dio luz verde al informe de impacto medioambiental". Romero señaló que "o bien son unos ineptos por no controlar la situación o ahora quieren tirar balones fuera para no asumir su responsabilidad".
Como ya ocurrió desde el primer momento de la rotura, ayer se reprodujo el cruce de acusaciones. La presidenta del PP andaluz, Teófila Martínez, coincidió con los ecologistas y culpó a la Junta de Andalucía. Martínez afirmó que la Junta no valoró la posibilidad de un corrimiento de tierras bajo el peso de la balsa minera. Para la presidenta del PP, una cosa así "no puede volver a pasar en nuestra comunidad porque denota que los controles cotidianos que se han tenido que ir haciendo no supieron evaluar lo que podía pasar en unos terrenos tan delicados como los existentes en el entorno de Doñana".
Los agricultores afectados por la riada tóxica van más lejos y quieren además responsabilidades penales. Esperan tener el informe pericial en su poder para ver si su acusación de negligencia se dirige también a la empresa Boliden, propietaria de la mina. Empieza a estar claro que el caso puede desbloquearse en el juzgado número 2 de Sanlúcar la Mayor, donde llevaba 18 meses esperando el informe realizado por los catedráticos Antonio Gens y Eduardo Alonso, de la Universitat Politècnica de Catalunya. Según los abogados que han leído sus conclusiones, los peritos confirman que hubo fallos en el proyecto de construcción de la balsa siniestrada, que vertió cinco millones de metros cúbicos de lodo y agua contaminada con gran cantidad de metales pesados.
Una vez leído el informe, la juez llamará los próximos días a declarar a los dos peritos como paso previo a sucesivas comparecencias de los responsables de las empresas imputadas, Geocisa y Boliden, además de los técnicos de la Junta de Andalucía y del Instituto Tecnológico y Geominero de España.
Fuentes del caso consideran poco probable que la juez haga nuevas imputaciones
a la luz del informe.
MEDIO AMBIENTE: El mayor desastre ecológico de la historia
española
El informe de los profesores de la Universitat Politècnica se ha hecho por encargo de la juez Celia Beljad-ben Gómez. quien quería tener una versión independiente sobre las causas del desastre ocurrido hace ahora casi dos años. En sus conclusiones, según la explicación dada ayer por uno de los abogados que las han leído, los peritos afirman que "el dique de la balsa de Aznalcóllar se rompió por haber sido construido de acuerdo con lo previsto en dos proyectos que no incorporaban la consideración de dos factores clave en la génesis de la inestabilidad: la fragilidad de las arcillas y, por tanto, el riesgo de desencadenar un fenómeno de rotura progresiva; y las altas presiones de agua en el centro arcilloso". Las partes personadas no tienen el informe; sólo pueden consultarlo en las dependencias judiciales de Sanlúcar la Mayor.
Previsible y remediable
Demasiado peso para un suelo tan frágil: la presión vertical del lodo sobre las margas provocó un desplazamiento del dique de contención de la balsa. De esta manera, quedaría descartada cualquier causa natural, como se apuntó en algunos momentos, e incluso puede hablarse ya de circunstancias evitables, lo que daría pie a exigir responsabilidades penales por presunta negligencia. Según el abogado López de Lemus, los peritos de la Politècnica afirman en sus conclusiones que lo ocurrido entraba dentro de lo "previsible y remediable". El letrado, que representa a varios afectados por la riada tóxica, estima que del informe se deduce "de forma inequívoca" una clara "negligencia técnica, con posibles consecuencias penales, tanto de quienes proyectaron y realizaron la obra (Intecsa y Geocisa, ambas filiales de Dragados y Construcciones) como de quienes (Junta de Andalucía) tenían la obligación de prevenir riesgos y garantizar la estabilidad de la explotación industrial".
El estudio de los peritos, con más de dos mil folios, se une a los dos anteriores reali-zados por encargo de la empresa Boliden y por la Junta de Andalucía. Lo más llamativo de las conclusiones de los profesores Gens y Alonso es que coinciden en lo básico con la tesis mantenida por la empresa minera Boliden, que en su informe de octubre del año 1998 presentado en el juzgado culpaba a la constructora Geocisa de fallos en los cálculos de resistencia. En su explicación de lo ocurrido, la propietaria de la mina detectó tres circunstancias que dieron como resultado la rotura: no se tuvo en cuenta la lentitud de construcción para calcular su estabilidad, el cálculo de resistencia de las margas se hizo de forma optimista y tampoco se realizó un proyecto acorde con esa fragilidad.
Boliden encargó su estudio a la consultora Principia-EQE, que concluyó que "cuando un material muestra este tipo de comportamiento (fragilidad de las margas), lógicamente se aumenta la prudencia del diseño; esta prudencia adicional no parece haberse ejercitado". Terminaba el informe señalando que, "en definitiva, el uso de hipótesis de cálculo más adecuadas y criterios más realistas en cuanto a comportamiento de las margas hubieran podido evitar la rotura". Casi lo mismo que ahora certifican los dos peritos judiciales y lo contrario que mantenía la Junta. La Consejería de Industria de esta institución afirmó que los cálculos de resistencia se hicieron de forma correcta y que la rotura se debió a circunstancias imprevisibles. El consejero de Medio Ambiente, José Luis Blanco, aprovechó para decir que el informe descarta toda responsabilidad política.
De confirmarse las causas apuntadas por los peritos independientes, Boliden podría pasar de imputada a perjudicada, como también adelantaron los responsables de la mina. En cualquier caso, está por ver qué dice el informe de los peritos independientes sobre el cumplimiento de los planes de vigilancia del comportamiento del dique a que estaba obligada Boliden.
Imputadas 21 personas
Ambas circunstancias debieron influir en la juez a la hora de decidir
las imputaciones, dado que 12 de los 21 imputados son técnicos y
responsables de la constructora Geocisa; seis, empleados y directivos de
Boliden; dos, funcionarios de la Junta de Andalucía y uno, del Instituto
Tecnológico y Geominero de España, organismo del Ministerio
de Medio Ambiente. La empresa sueca Boliden compró Aznalcóllar
con la balsa ya construida a partir de un proyecto de Intecsa de 1978 ejecutado
por Geocisa, ambas filiales de Dragados, en sucesivas fases. Geocisa también
realizó el estudio de estabilidad de 1996. El siniestro tuvo lugar
el 25 de abril de 1998.
